El Ayuntamiento de Ruiloba informa de que ha quedado archivado definitivamente el procedimiento judicial seguido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de San Vicente de la Barquera, tras alcanzarse un acuerdo extrajudicial con la inquilina de un inmueble municipal cuya ocupación fue plenamente conocida, consentida y tolerada por todas las autoridades municipales desde el año 1987.
La inquilina, que accedió a la vivienda hace casi cuatro décadas con conocimiento expreso del Ayuntamiento, rehabilitó a su costa un inmueble que se encontraba en estado ruinoso, haciéndolo habitable y contribuyendo así directamente a la conservación del patrimonio público. El informe técnico elaborado por los servicios municipales acredita una inversión total de 30.492,17 euros, justificada mediante facturas y documentación aportada.
Durante todo este tiempo, nunca se le ofreció un contrato escrito de arrendamiento, lo que generó una situación de indefinición jurídica que, sin embargo, no fue imputable a la inquilina, sino a una omisión continuada de la propia Administración. Lejos de tratarse de una ocupación clandestina o desleal, su residencia fue pacífica, pública y conocida por todos los alcaldes y corporaciones anteriores.
No obstante, en el anterior mandato, la entonces alcaldesa Dña. Sara Portilla Fernández (PRC), plenamente conocedora de estos hechos, promovió un procedimiento judicial de desahucio alegando la inexistencia de título legal. Esta actuación, acompañada por la colaboración directa de la secretaria municipal, ha derivado en una campaña institucional sostenida de acoso utilizando el aparato administrativo y jurídico del Ayuntamiento para hostigar injustificadamente, con plena conciencia de la realidad de la situación.
La presión se ha traducido en notificaciones, requerimientos reiterados, maniobras procesales y hasta la remisión del expediente a la Fiscalía, en un intento fallido de judicializar un conflicto artificialmente creado. La Fiscalía de Cantabria, tras analizar el caso en profundidad, acordó el archivo de todos los procedimientos abiertos, tanto los dirigidos contra la inquilina como los promovidos frente al nuevo equipo de gobierno, al no apreciar indicio alguno de ilegalidad en ninguno de los dos casos.
En relación con el expediente de referencia, cabe señalar que la anterior alcaldesa, Dña. Sara Portilla, solicita reiteradamente el acceso al mismo a través del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Esta petición, actualmente judicializada, se enmarca en una actitud continuada de hostigamiento, consistente en la solicitud sistemática de información sensible, así como en la publicación de datos, insinuaciones y comentarios en redes sociales y medios de comunicación, con la clara intención de mantener viva una controversia que la justicia ha zanjado. El Ayuntamiento valorará la solicitud nuevamente una vez recaiga resolución judicial firme, y siempre conforme a la legalidad y a la protección de los derechos fundamentales de la persona afectada.
Desde el Ayuntamiento de Ruiloba se lamenta profundamente el trato injusto y el acoso institucional que durante años lleva padeciendo esta vecina, cuya única “falta” fue no disponer de un contrato por escrito, responsabilidad exclusiva de anteriores gobiernos. Lejos de perjudicar al municipio, su iniciativa ha contribuido de forma decisiva a la preservación y mejora del patrimonio público, y así ha sido finalmente reconocido.
El Ayuntamiento reitera su compromiso con la legalidad, la justicia y la dignidad de los ciudadanos, y expresa su voluntad de reparar las situaciones injustas heredadas del pasado, garantizando siempre el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas.
